Luego de su toma de posesión, en enero de 1986, el Presidente Vinicio Cerezo anunció que sus prioridades serían terminar la violencia política y establecer el gobierno de ley. Las reformas incluyeron nuevas leyes del hábeas corpus y amparo (protección ordenada por tribunal), la creación de un comité legislativo de derechos humanos, y el establecimiento en 1987 de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. La Corte Suprema también emprendió una serie de reformas para luchar contra la corrupción y mejorar la eficacia de sistema legal.

 

Con la elección de Cerezo, los militares se alejaron del gobierno y regresaron al papel más tradicional de proporcionar seguridad interna, específicamente luchando contra insurgentes armados. Los primeros 2 años de la administración de Cerezo se caracterizaron por una economía estable y una disminución marcada en la violencia política. El personal militar insatisfecho hizo dos intentos de golpe en mayo de 1988 y mayo de 1989, pero el mando militar apoyó el orden constitucional. El gobierno fue fuertemente criticado por su falta de voluntad para investigar o perseguir casos de violaciones de derechos humanos.